Al menos 17 normalistas fueron levantados y asesinados, luego de ser trasladados “a la parte alta de un cerro de Pueblo Viejo”, según una de las líneas de investigación de la Fiscalía General de Guerrero.

Sin embargo, el fiscal Iñaky Blanco Cabreraseñaló que el hallazgo de 28 cuerpos calcinados en las fosas clandestinas de Iguala debe ser comparado con las muestras de ADN de familiares de personas no localizadas, por lo que aún no se puede confirmar que sean algunos de los 43 alumnos desaparecidos de la normal ruralRaúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Las investigaciones que ha realizado la Fiscalía ratifican la participación de integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos. Martín Alejandro Maceda Barrera y Marco Antonio Ríos Berber, ambos integrantes de ese grupo, confesaron su participación en el homicidio de los estudiantes.

Según su declaración ante el Ministerio Público, estas dos personas siguieron a los estudiantes que arribaron en autobuses a Iguala. Cuando llegaron al centro de la ciudad —donde también había policías municipales— accionaron sus armas en contra de ellos para obligarlos a bajar de los vehículos y trasladarlos al cerro de Pueblo Viejo.

Esta versión coincide con los testimonios de los normalistas sobrevivientes que aseguran que los policías “desaparecieron” a sus compañeros.

“Los detenidos contestaron que la instrucción de acudir al sitio en que se encontraban los normalistas la dio a quien ubican como el que da las órdenes en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Francisco Salgado Valladares; en tanto, la instrucción de llevárselos y ultimarlos la recibieron de un sujeto apodado El Chucky, integrante y líder de los Guerreros Unidos.

“De acuerdo con los expedientes laborales de los que dispone el Ministerio Público, conviene precisar que Salgado Valladares presta sus servicios como policía tercero de la enunciada corporación, por quien la Fiscalía General realiza las acciones de búsqueda y presentación conducentes”, dijo el fiscal.

Al contar con esta línea de investigación, las autoridades iniciaron la búsqueda de los estudiantes el 27 de septiembre, un día después de los ataques donde murieron seis personas y 25 resultaron heridas, lo que llevó a la localización —el 4 de octubre— de varias fosas clandestinas en las faldas del cerro Gordo, en la comunidad de Pueblo Viejo al norponiente de Iguala, donde hasta el momento han sido extraídos 28 cuerpos: “algunos completos y otros fragmentados, que presentan signos de calcinación”.

Por estas acciones se busca que el edil José Luis Abarca sea desaforado, a través de un juicio de procedencia que el gobierno del estado promoverá hoy en el Congreso local, para que se le quite el fuero constitucional y sea juzgado conforme al derecho.

“Dado que se desconoce el paradero y/o ubicación de Abarca y de su secretario de Seguridad Pública, la Fiscalía giró orden de localización y presentación en su contra, además de solicitar la colaboración a las procuradurías y/o fiscalías de todo el país y de la Procuraduría General de la República”.

En la conferencia de prensa en Acapulco, Blanco explicó que han consignado a 29 integrantes deGuerreros Unidos, cuatro fueron entregados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR.

Las investigaciones continúan, por lo que no descartan la detención de más involucrados. Mientras, informó que se dictó auto de formal prisión a los 26 policías municipales involucrados.

En torno a los homicidios de tres estudiantes, un integrante de Los Avispones de Chilpancingo, el chofer del equipo de futbol y una mujer, las autoridades ratificaron que fueron privados de la vida por policías municipales y sicarios de Guerreros Unidos.

Para corroborar la identidad de los cuerpos hallados, cuyo proceso tardaría entre 15 días y dos meses, participan elementos de la PGR, de la Policía Federal y nueve especialistas argentinos, estos últimos propuestos por organizaciones civiles que respaldan la exigencia de justicia de normalistas.